Y de pronto explotó la burbuja...que nunca se reconoció
2012 está siendo el año en el que, por segunda vez desde el final de la larga etapa de expansión de principios de este siglo (1999-2007), la economía española ha entrado en una nueva recesión. Los datos de la contabilidad nacional indican que la tímida recuperación que se inició en la segunda mitad de 2010, tras dos años de importantes retrocesos en el PIB, se empezó a desvanecer en el último trimestre de 2011, y los dos crecimientos negativos del -0,6 y -1,3% registrados en el PIB en los dos primeros trimestres de 2012 certifican la entrada en una nueva recesión.
Aunque sólo nos separan unos pocos años, la situación económica y social en España es ahora radicalmente distinta a la de los años de la larga fase de expansión registrada entre 1999 y 2007, en donde la economía española registró un crecimiento acumulado en el PIB cercano al 4%. Muy lejos quedan ahora esos años de crecimiento doblemente excepcionales, pues en ellos no sólo la economía española creció muy por encima de lo que lo hicieron el resto de países de la UE, que registraron un crecimiento promedio que apenas alcanzó el 2%, sino que fueron además años en donde no se manifestaron los desequilibrios que se reprodujeron en todas las fases expansivas anteriores al tiempo que se creaba empleo de un modo descomunal; baste con recordar que en la anterior fase expansiva (1986-1991) la población desempleada no bajó de los 2,4 millones de personas, mientras que en la fase 1999-2007 la tasa de paro alcanzó su mínimo histórico del 8% (en el tercer trimestre de 2007), con 20,5 millones de personas ocupadas (cifra muy superior a los escasos 13 millones del tercer trimestre de 1991).
Y aunque todos sabemos que «el agua pasada no mueve molino», conviene reflexionar por qué esa expansión, que muchos consideraban irreversible, acabó por dejar paso a esta profunda recesión de la que, también muchos ahora coinciden, no saldremos en varios (muchos) años. Quizá de este análisis podamos extraer la conclusión de que, ni antes todo iba tan bien, ni ahora todo está tan mal.
Una crisis no esperada ... que perdura más tiempo del que se preveía
No sería correcto decir que esta segunda recesión en la que ahora se encuentra la economía española es sólo fruto del deterioro esperado y automático que la fuerte contracción económica que se registró en 2008 y 2009 ha provocado en todos los indicadores macroeconómicos: desempleo, minoración de ingresos fiscales, aumento del déficit público, frenazo y congelación del sector inmobiliario y de la construcción, deterioro progresivo e imparable de los activos bancarios relacionados con el sector inmobiliario, descenso de la renta familiar disponible y del consumo privado, aumento del déficit público y de los denominados estabilizadores automáticos (transferencias relacionadas con el pago de prestaciones por desempleo y otras obligaciones de la Seguridad Social, etc.). La recesión que se vive en España en estos momentos es también, y sobre todo, fruto del fracaso de las denominadas medidas de austeridad económica acometidas en los últimos años para recuperar la confianza de los mercados y, con ello, activar el crecimiento (el conocido dogma de la «austeridad expansiva»); y todo ello a pesar de que, como advirtiera J.M. Keynes en su obra las Consecuencias Económicas de la Paz, cuando nos empeñamos en establecer objetivos imposibles, lo inevitable es que los incumplamos, y por eso hemos sido incapaces de vencer la recesión, porque las supuestas medidas de austeridad nos tienen atadas las manos. Este hecho, que resulta obvio cuando uno repasa las cuatro nociones básicas de la contabilidad nacional, ha llegado a ser admitido (y hasta proclamado) por organismos internacionales tan poco sospechosos de ser heterodoxos como el propio FMI, que en repetidas ocasiones ha advertido de la necesidad de incorporar medidas de estímulo directo al crecimiento y alargar el plazo para la consecución de la mejora de las cuentas públicas. Pero la crisis es también resultado de la creciente pérdida de credibilidad de los gestores de la política económica en nuestro país, que en un primer momento (hace ya algunos años) insistieron en minimizar los efectos reales de la crisis internacional sobre nuestra economía, y que ahora (y desde hace ya muchos meses), al no querer distinguir entre despilfarro (de recursos públicos) y déficit, siguen depositando todas sus esperanzas en que sea el resto del mundo (a través de la aportación de la demanda externa) el que nos saque de esta recesión, a través de una agresiva devaluación interna vía reducción de salarios y destrucción de empleo (que ocasiona una mejora inmediata en la productividad aparente del factor pero una multitud de problemas económico sociales que estrangulan el propio crecimiento), y no en otros factores más benignos y prometedores para garantizar el crecimiento y la competitividad estructural a largo plazo.
Como consecuencia de todo esto, se ha extendido entre la sociedad española la convicción (inédita en nuestra historia reciente) de que el legado que recibirá la próxima generación será muy inferior al que nosotros recibimos de la anterior. Y este temor no es gratuito, si nos atenemos a las perspectivas actuales de crecimiento para la próxima década que ofrecen los organismos internacionales (previsiones siempre arriesgadas, y que están sometidas a elevados intervalos de confianza, pero que coinciden en ofrecer un panorama lleno de nubarrones), así como a las elevadas cifras de desempleo, la fuerte contracción registrada en el PIB desde 2008, el descenso en la renta per cápita, el aumento de las bolsas de pobreza y el incremento en la desigualdad en la distribución de la renta personal.
España 1999-2007: ¿un gigante con pies de barro ... o el peligro de considerar el futuro como una «proyección o prolongación del presente»?
La recesión actual ha sacado a la luz las debilidades intrínsecas del modelo de crecimiento anterior, al tiempo que ha puesto de manifiesto el carácter circunstancial (coyuntural, o no duradero) y reversible de buena parte de los factores impulsores de ese modelo expansivo. ¿Cuáles fueron las debilidades y los factores circunstanciales del modelo de crecimiento 1999-2007? Entre las debilidades debemos contar la progresiva pérdida de competitividad, que se tradujo en un abultado déficit exterior que, aunque financiado gracias al aumento del endeudamiento externo (del sector privado, sobre todo), era un fiel reflejo de que algo no marchaba bien. Algunos ingenuos incluso llegaron a señalar que este abultado déficit exterior, al tener garantizada su financiación en el seno de la zona euro, no se convertiría nunca en un obstáculo para proseguir por esa senda de expansión (paradójicamente, los responsables de la política económica que sostuvieron este enfoque años atrás, nos advierten ahora que, para recuperar el crecimiento, la economía española debe des-apalancarse). Según estos autores, la causa del crecimiento fue el apalancamiento y la salida de la crisis pasa por el des-apalancamiento. ¡Qué ironía! ¿No estarán confundiendo causa con efecto, o atribuyendo rango de causalidad a lo que sólo es o fue simultaneidad o contemporaneidad? Este error de diagnóstico fue el resultado de haber pasado por alto que el apalancamiento (o endeudamiento) fue favorecido por unas condiciones financieras muy favorables (extraordinarios bajos tipos de interés y acceso ilimitado a los mercados financieros internacionales) que propiciaron la expansión del crédito bancario en el mercado doméstico, la mejora de la cuenta de resultados de las entidades bancarias (que con la ampliación de la cantidad de créditos compensaban sus menores márgenes por operación), el endeudamiento de los agentes privados (familias y empresas)...y la financiación y prolongación de la burbuja inmobiliaria. Y el error consistió en considerar que estas condiciones financieras tan laxas y extraordinariamente favorables eran irreversibles...para una economía que formara parte de una unión monetaria.
Otra de las debilidades del crecimiento 1999-2007 fue su exclusivo apoyo en la expansión de la demanda interna, y fundamentalmente en la expansión del consumo y la inversión «no estrictamente productiva». Y el error fue no identificar que el dinamismo del consumo y la inversión en construcción estaba también estrechamente vinculada a la expansión del empleo y la actividad en las actividades vinculadas con los servicios estancados y el sector inmobiliario y de la construcción, y no en la expansión de otros sectores.
Por eso, el modelo de crecimiento vigente entre 1999-2007 se colapsa una vez que, desatada la crisis financiera internacional, se encarece y reducen las posibilidades de financiación (o refinanciación) de las empresas privadas españolas (financieras y no financieras) en los mercados financieros internacionales, y el sector inmobiliario-constructor en España desacelera sus ritmos de crecimiento, al enfriarse las expectativas de revalorización de los activos inmobiliarios, lo cual acabará por desencadenar una crisis de solvencia en el sector bancario (al deteriorarse los ratios de solvencia por la depreciación de los activos inmobiliarios de su pasivo, por la elevación de las ratios de morosidad entre su cartera crediticia, y por el cierre, o encarecimiento, del grifo de financiación que obtenían en los mercados financieros internacionales hasta ese momento). Otra de las consecuencias del desplome del sector inmobiliario-constructor en España es el extraordinario aumento del desempleo, así como el descenso de ingresos fiscales que esto supone para la administración pública (particularmente las corporaciones locales). Es decir, que el cambio drástico en las condiciones financieras a nivel internacional actúa como un elemento acelerador de la crisis del modelo de crecimiento español del período anterior, dejando al descubierto una estructura productiva que no ha sabido aprovechar la atapa de bonaza para mejorar su competitividad y aumentar su potencial de crecimiento a largo plazo.
Las respuestas ante la crisis y sus resultados
¿Y qué respuesta se está dando en España ante la crisis? Oficialmente, las autoridades en España señalan que su respuesta ante la crisis se articula en dos frentes: austeridad presupuestaria y reformas estructurales. Las medidas de austeridad persiguen recuperar de inmediato el equilibrio de las cuentas públicas y la confianza de los acreedores internacionales (que son los que financian el endeudamiento, público y privado). El compromiso del gobierno español con la austeridad presupuestaria se ha sellado formalmente con la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que recoge el objetivo explícito de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas en 2020 y la reducción de la deuda pública al 60% del PIB (este compromiso, además, se ha incluido en la propia Constitución Española, en su artículo 135). Asimismo, en sucesivos decretos se han introducido medidas urgentes de gran calado para recortar el gasto y la inversión pública, fundamentalmente en el ámbito del sector educativo (Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril) y sanitario (Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril) e incrementar los ingresos fiscales (Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, y Real Decreto Ley 12/2012, 30 de marzo).
Por su parte, las medidas de reforma estructural pretenden, formalmente, eliminar las rigideces e ineficiencias del modelo de crecimiento fracasado. Pero un simple repaso de las medidas adoptadas en esta línea permiten concluir que, al final, las medidas conducen al mismo punto: la reducción de los costes (laborales) de producción. Siendo generosos en el diagnóstico, podríamos decir que escasean las medidas que tienen por finalidad contrarrestar la debilidad de la demanda interna privada con actividad pública, y que el gobierno espera alcanzar el objetivo del crecimiento por medio del sector exterior, ya sea por el impulso de la demanda externa (exportaciones) o por la recuperación de la confianza de los mercados financieros internacionales (financiación internacional). Y da la impresión de que se hace poco, o se desconfía abiertamente, de las posibilidades internas para vencer esta inercia a la baja en la que la economía (y la sociedad) española está metida desde hace ya...demasiados años.
En el plano de las reformas estructurales, la acción del gobierno español se ha concretado en dos ámbitos principales: la regulación del mercado de trabajo, con el Real Decreto Ley 3/2012, de 20 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y la reforma del sistema bancario, que se ha abordado en numerosos decretos que, a fecha de hoy, no han surtido los efectos declarados: recuperar la solvencia y la confianza en el sector, y reactivar la oferta de crédito bancario, sino más bien todo lo contrario.
Además de con las estrategias de austeridad y reformas estructurales, la crisis en España han sido afrontada con medidas monetarias excepcionales. Por un lado, debemos mencionar las medidas no convencionales de política monetaria adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE), y que se materializaron en las dos subastas de fondos en diciembre de 2011 y febrero de 2012, por importe superior al billón de euros, y que significaron una fuente de financiación para las entidades bancarias españolas muy importante, así como el programa temporal de compra de deuda soberana del BCE en los mercados secundarios. Sin embargo, ninguna de estas dos medidas excepcionales han tenido el efecto que necesita el mercado de crédito en España ni las necesidades de financiación del Tesoro Español, pues ni han conseguido reactivar el flujo de crédito al sector privado (el volumen de crédito bancario entre enero y agosto de 2012 ha registrado una contracción del 0.6%, tras otra caída del 0,22% en 2011, mientras que entre enero de 1999 y diciembre de 2007 el volumen de crédito se multiplicó por 4,2), ni reducir su coste (los datos del BCE reflejan que las pymes españolas pagan 2,4 p.p. más que el promedio de la zona euro, para préstamos inferiores al millón de euros y vencimientos entre 1 y 5 años), y casi 3 p.p. frente a las pymes alemanas), ni tampoco han servido para aliviar el sobrecoste que está suponiendo para el reino de España su financiación en los mercados de deuda (el diferencial de la deuda soberana española frente a la alema está en torno a los 440 p.p., y alcanzó su máximo en julio de 2012, que fue de 638 p.p.).
La fallida reestructuración bancaria en España y sus consecuencias
Los problemas actuales del sector bancario en España tienen su origen en la dependencia financiera externa del sector y en su obsesiva estrategia por crecer en cuota de mercado a cualquier coste, sin valorar los riesgos de la altísima concentración sectorial del crédito concedido durante la expansión 1999-2007, ni cuestionarse la rentabilidad a largo plazo de los proyectos financiados. Pero el deterioro del sector bancario no sería tan preocupante ni central, si en España existieran otras alternativas de financiación distintas al crédito bancario, o si el deterioro de los activos bancarios se sanease con cargo al propio capital de las entidades. Lo preocupante del caso español es que el crédito bancario representa casi tres cuartas parte de la financiación ajena entre las empresas, y que el saneamiento de los balances bancarios se está realizando, en buena medida, con fondos públicos que, en algunos casos, no se podrán recuperar. Por lo tanto, el dramatismo del problema bancario en España es que, siendo esencialmente un problema de entidades privadas, está salpicando también al sector público (por su efecto sobre los mercados de deuda soberana), dificulta la financiación de la actividad económica no especulativa, e incluso se ha convertido en la excusa perfecta para detraer recursos e imponer recortes en otras áreas (¡que nada tienen que ver con el sector financiero!) por la necesidad de ajustarse a los compromisos de reducción del déficit y deuda pública. Sin embargo, lo más paradójico de todo esto es que el saneamiento del sector con fondos públicos está ocasionando un aumento en el déficit público (que ha sido estimado en más de 16.000 millones de euros por el propio gobierno español en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que pasarían a engrosar el déficit de 2011 y 2012), lo que equivale a una socialización de las deudas privadas sin que haya habido, en paralelo, una fuerte determinación política para depurar responsabilidades en el sector financiero y desterrar la repetición de las malas prácticas bancarias en el futuro.
Pero los problemas de solvencia que padece el sistema bancario no sólo están retrasando la salida de la crisis por la parálisis del mercado de crédito, sino también por sus interferencias en la financiación del tesoro español en los mercados de deuda. Ni los fondos obtenidos por la banca española en las subastas del BCE, ni las inyecciones de capital por parte del estado español a través del FROB (el Fondo para la Reestructuración Ordenada del Sistema Bancario), han sido capaces de reactivar la oferta de crédito. Además, existe evidencia que señala que la banca española ha usado los financiación obtenida del BCE (en sus dos operaciones extraordinarias de diciembre de 2011 y febrero de 2012) para la adquisición de títulos de deuda pública, y no para reactivar su oferta de crédito al sector real (se estima que entre el 7 y el 8% de los activos bancarios de la banca española son títulos de deuda pública), que aunque están sujetos a cierto riesgo de insolvencia en este contexto de deterioro de los ratings asignados el reino de España en los mercados de deuda soberana, ofrecen una elevada rentabilidad (la rentabilidad de la deuda pública española a 10 años ronda el 7% anual, y los bonos a 2 años se sitúan por encima del 3%). Por lo tanto, la barra libre de liquidez ofrecida por el BCE podría haber contribuido a la mejora de los balances bancarios, pero a costa de ocasionar un efecto crowding-out en la financiación privada. Este comportamiento no favorece, para nada, la recuperación económica, porque la adquisición de títulos de deuda española por parte de los bancos españoles les hace, a los ojos de los inversores internacionales, más vulnerables ante futuras quitas o suspensiones de pagos por parte del estado español, lo cual deteriora el activo de los propios bancos. A su vez, ese deterioro de la solvencia de los bancos les implica mayores requerimientos de capital o fondos propios, lo cual les aboca a solicitar más ayudas públicas para poder cubrir los requerimientos de capital. Estas ayudas públicas, si se conceden, significarán mayores necesidades de financiación del sector público, lo cual puede incidir negativamente en la valoración del mercado sobre el riego de impago de la deuda soberana, ...Y de esta forma los problemas del sector bancario acaban por agravar los problemas de financiación de las administraciones públicas (el gobierno estima que en 2013, los gastos financieros serán el doble de los que había en 2009, superando los 38.660 millones de euros, muy cerca de la cifra global presupuestada para todos los ministerios, que está próxima a los 40.000); y todo ello sin que haya ningún efecto sobre lo que realmente se debe resolver: la congelación del mercado de crédito bancario.
Y el problema de todo esto es que la reestructuración del sector bancario en España aún no se ha resuelto satisfactoriamente, a pesar de las tres reformas acometidas en los dos últimos años, y de los sucesivos infructuosos exámenes (stress tests) realizados por el BCE. Por ese motivo, el 27 de junio de 2012 el gobierno español decidió solicitar ayuda financiera a los países del euro para acometer el saneamiento del sector, obteniendo su aprobación el 20 de julio, al comprometerse los socios europeos a facilitar una ayuda financiera de hasta 100.000 millones de euros condicionada al cumplimiento de una serie de medidas (recogidas en el denominado Memorandum of Understanding). Recientemente, el análisis realizado por la consultora Oliver Wyman cifra en unos 46.000 millones de euros las necesidades de capital de las entidades bancarias españolas para sanear sus balances. Sin embargo, está aún por decidir la cuantía que solicitará el gobierno español, y por supuesto si esas ayudas realmente tendrán el efecto deseado, no sobre el saneamiento de los bancos, sino sobre la recuperación del mercado de crédito en España. Lo que sí está claro, aunque desde el ejecutivo español, no se ha sido tan claro al respecto, es que el coste de la recuperación del sector bancario en España tendrá un impacto no despreciable sobre las cuentas públicas, como ha ocurrido la resolución de todas las crisis bancarias en España, y en el resto del mundo. Esta es la conclusión que sostienen algunos economistas que han acreditado un conocimiento detallado del sistema financiero español, como el profesor Joaquín Maudos, que en un reciente artículo de opinión en el diario Cinco Días (20 de octubre de 2012), ha cifrado la inyección de recursos públicos en el capital del sector en un 6% del PIB, lo cual no constituye una cifra nada despreciable, y sobre la que existen grandes dudas sobre la posibilidad de que el estado español pueda recuperar esos fondos inyectados en el futuro.
¿Qué podemos hacer para invertir esta situación?
Llegados a este punto, debemos hacer un esfuerzo por responder a las siguientes preguntas: ¿cuándo saldremos de esta crisis? ¿qué podemos hacer para acelerar la salida de esta crisis?
Respecto a la primera pregunta, no debemos tener la menor duda de que, tarde o temprano, saldremos de esta recesión. Las fluctuaciones cíclicas en la actividad económica son una constante en todos los países. Las diferencias entre países residen, fundamentalmente, en su amplitud y profundidad.
Respecto a la segunda cuestión, lo importante es tener presente que las fluctuaciones se amplifican cuando, por la aplicación de recetas autodenominadas liberales, en las etapas de expansión no se pone freno a los procesos especulativos en ciertos mercados, como los financieros e inmobiliarios, y cuando en las recesiones se insiste, de forma majadera e incomprensible, en la consolidación presupuestaria y en la iniciativa privada como únicas recetas válidas para recuperar el crecimiento. Por lo tanto, resulta crucial evitar cometer estos errores perversos; errores que ya fueron diagnosticados en los trabajos de J.M. Keynes y H. Minsky, dos grandes economistas que, tristemente, son más citados que leídos y comprendidos por los actuales vendedores de recetas de política económica para salir de la crisis, entre las que se encuentra la conocida pócima mágica de la austeridad expansiva, que más que para recuperar la deseable senda del crecimiento parece que ha sido inventada para recuperar el supuesto prestigio que han perdido las recetas ortodoxas con esta crisis. Y el problema, en España, no es sólo que la respuesta de la política económica está retrasando la salida de la crisis, sino que además existen serias dudas de que las políticas de austeridad y reformas acometidas hasta la fecha vayan a contribuir a la mejora de la competitividad y al cambio de modelo que se precisa en España. En efecto, y aunque las medidas de reforma estructural (mercado de trabajo y sistema bancario) y de recorte y reestructuración de la actividad del sector público (recorte de gastos corrientes, inversión en capital físico y tecnológico, por ejemplo) se presentan oficialmente como necesarias para mejorar la competitividad (que ahora resulta imposible de recuperar vía depreciación del tipo de cambio) de un modelo que todos denuncian está agotado, da la impresión de que, en el fondo, lo que persiguen es hacer todo lo posible (e imposible) para apuntalar el actual modelo fracasado y hacer descansar el 100% del sacrificio que significa la crisis en solo una parte de los agentes sociales. Porque la crisis española no ha sido causada ni los salarios ni por la supuesta generosidad de su sistema de bienestar; la crisis de España tuvo su origen en las contradicciones y limitaciones internas del propio modelo de crecimiento que incentivaron por las condiciones financieras excepcionales favorables que existieron en su momento, y por la ingenuidad, inacción e irresponsabilidad de los gestores de la política económica en ese momento (gobierno) y de garantizar la estabilidad financiera (Banco de España). Y no parece que las medidas adoptadas hasta la fecha vayan dirigidas a corregir esos elementos críticos.
Por lo tanto, en el debate actual sobre qué podemos hacer para salir de esta situación, no debemos olvidar que la crisis en España no es sólo económica; es también una crisis política e institucional, en tanto que no se ha sabido (querido) establecer un marco de incentivos que no propiciase las corruptelas y perpetuase las ineficiencias. Y la crisis es también, como no, una crisis de los pilares doctrinales que sustentan la política económica practicada en España en las últimas décadas (por supuesto también en otros países). Unos pilares que se sustentan en la estabilidad de precios y la disciplina fiscal, a los que el desarrollo económico y social y la mejora de los niveles de bienestar se deben supeditar.
En relación con el punto anterior, resulta extremadamente llamativo que la magnitud y profundidad de la crisis económica en España (y en el Mundo) no haya desencadenado una reflexión sosegada, pero profunda, sincera y honesta, sobre el papel que ha desempeñado la Ciencia Económica y los economistas en su origen y propagación. Como economista, investigador y docente, me resulta muy desconcertante observar la completa falta de reflejos de una parte de la profesión y la academia para rectificar su fallido discurso; y muchísimo más preocupante me parece la incapacidad que está manifestando nuestra clase política para desligarse de ese corsé que le imponen sus asesores económicos (y grupos de presión), que aún habiendo sido completamente incapaces de anticipar la llegada de esta catástrofe económica y social, o incluso de presentirla, ahora nos la explican detalladamente cada día en los medios, e incluso se arrogan la competencia exclusiva para señalar el único camino a seguir para su superación: la austeridad expansiva. En este sentido, ya J.M. Keynes advirtió del extraordinario poder de las ideas (en la acción de la política económica), y también señaló que el principal obstáculo para incorporar nuevas ideas en nuestro pensamiento, como tan necesario resulta en estos momentos de crisis y cambio, reside, precisamente, en saber dejar de ser prisioneros del conocimiento ya adquirido. Creo, sinceramente, que no podemos desaprovechar esta oportunidad para reflexionar si en las universidades estamos formando economistas para contribuir al progreso económico y social, o si por el contrario, las universidades nos estamos dedicando simplemente a formar economistas que encajen en el entramado económico y social vigente. No obstante, soy realista y reconozco que el cambio lo dificulta la gran inercia que existe dentro de la profesión y en la academia. Y una muestra de esta inercia son las señales que se proyectan en los galardones internacionales que pretenden visualizar el rigor y la elegancia del conocimiento generado por esos economistas prestigiosos. Bueno sería, sin embargo, que además de preocuparnos por buscar y fomentar el rigor y la elegancia, los responsables de orientar la formación y acción de los economistas, nos planteásemos también el siguiente interrogante: the economy has changed ...what about Economics?
