1. Introducción
Después de ser durante décadas un país de emigrantes, España se ha convertido en un país de inmigración, tal y como ha venido ocurriendo con otros países de la Europa Occidental. La presencia de inmigrantes en territorio español, sin embargo, no debe interpretarse como un hecho anecdótico o circunstancial; al contrario, los inmigrantes ya son cuantitativamente una parte significativa de la población y su número continuará creciendo porque son imprescindibles para el mantenimiento de nuestra economía y bienestar. España avanza a pasos agigantados hacia una sociedad plural y multicultural y es tiempo ya de profundizar en la reflexión política y cívica sobre la manera de gestionar esa nueva realidad social. La experiencia adquirida por otros países europeos con mayor tradición inmigratoria, sus aciertos y equivocaciones, son una primera referencia para orientarnos. Convendría evitar la simpleza de suponer que la convivencia en una sociedad multicultural, como la que ahora comienza a emerger en España, está exenta de dificultades o que éstas se pueden solventar con apelaciones a la buena voluntad. Un saludable principio de precaución debería prevenirnos de esas peligrosas ensoñaciones.
En el contexto español, las Islas Canarias disfrutan – o, padecen, según se mire – una situación estratégica como frontera Sur de la Unión Europea. Este territorio limitado, fragmentado en siete islas, alejado 1.500 km del continente europeo y separado de la costa africana por una estrecha franja marina de menos de 100 km kilómetros se ha convertido, sin pretenderlo, en un banco de pruebas para las políticas migratorias europeas. En paralelo, la preocupación por el fenómeno de la inmigración irregular se ha incorporado a la agenda política, mediática y ciudadana de Canarias como un asunto preferente. Y, ciertamente, no faltan razones para ello a poco que reparemos en la evolución reciente de los acontecimientos: si en el año 1994 llegó a las costas del archipiélago una única patera con diez inmigrantes irregulares a bordo, algunos años más tarde, durante la crisis inmigratoria de 2006, fueron 32.000 los inmigrantes que arribaron a Canarias en 600 pequeñas embarcaciones. Cifras a las que habría que añadir un porcentaje sin duda mayor de individuos que entraron ese año como turistas por puertos y aeropuertos y, lo que es más grave, una cantidad imprecisa pero sobrecogedora de personas que perdieron la vida tratando de alcanzar las costas canarias y españolas y que la organización SOS Racismo cuantificó en 6.000 personas.
El debate social sobre la gestión de la inmigración ya ha arrancado en el conjunto del país y en el archipiélago, pero los argumentos puestos en circulación no siempre descansan en datos fiables. Este artículo recopila algunas evidencias para señalar ciertos equívocos que han prendido con facilidad en la opinión pública española y canaria.
2. El imperativo demográfico
En un asunto tan enormemente complejo y polémico como el de la inmigración, la conformación de la opinión pública lamentablemente casi nunca se ha cimentado sobre el manejo escrupuloso de la información disponible. Conocimientos insuficientes, verdades a medias y, en algunos casos, la manipulación crasa de los hechos, vienen alimentando actitudes censurables, cuando no directamente perniciosas. Reside ahí, a nuestro entender, la importancia de conocer con precisión los datos que arroja la demografía de la inmigración y su impacto en nuestra economía, y no sólo por la información que nos aportan las cifras puras, sino porque a través de ellas podemos – como señalan Izquierdo y López[1]
– vislumbrar el haz de vínculos humanos que empiezan a ligar a la población inmigrante con los españoles, sus conciudadanos de adopción.
Por desgracia, los datos no siempre resultan ser tan afinados ni su acopio tan sencillo como los investigadores desearían. En el caso de Canarias, estas insuficiencias ya fueron detectadas por el Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias, que señaló en su Diagnóstico de población e inmigración en Canarias[2] la necesidad de que el Archipiélago se dotara de los recursos estadísticos necesarios para conocer el volumen de los flujos migratorios que tienen a las Islas como destino final o estación de tránsito (conclusión 7ª).
Por otra parte, la complejidad inherente a la inmigración irregular dificulta aún más una cuantificación precisa de estas realidades. Como recuerda Zapata[3], los registros oficiales de la población extranjera presentan en general desviaciones significativas respecto del número real de establecidos en el país, tanto por infrainscripción (derivada de que un porcentaje de extranjeros elude inscribirse justamente por hallarse en situación irregular) y, en sentido contrario, por sobreinscripción (cuando no se registran las bajas por fallecimiento, abandonos del país o las altas en otro municipio). Aún con estos condicionantes, el Padrón municipal[4] constituye la fuente más fiable y será la referencia básica a la que acudiremos.
El avance del Padrón municipal a 1 de enero de 2008 señala que la población empadronada en España ha alcanzado los 46 millones de personas (46.063.511), de las que 40,84 millones corresponden a personas de nacionalidad española y 5,22 millones son extranjeros (el 11,3% frente al 10% de 2007), cifras que confirman una tendencia al alza en el porcentaje de extranjeros registrados en los últimos años. Resulta enormemente llamativo que de los 862.774 nuevos empadronados con relación a 2007, los de nacionalidad española sean sólo 161.751, mientras que son extranjeros los 701.023 restantes. Además, casi el 80% (el 78,9% exactamente) de los extranjeros empadronados en el país tiene menos de 45 años, en tanto que los mayores de 65 son sólo el 4,9%; una tendencia general que, en el ámbito canario, no ha pasado inadvertida para el Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias:
«Lo más notable de la inmigración reciente es la importancia del grupo de adultos jóvenes (20-39 años) y del grupo 0-19, así como la exigua proporción de mayores (60 o más años). Se confirma, de este modo, el cambio en la composición y en la naturaleza de la inmigración a Canarias, formada ahora por trabajadores jóvenes que llegan con hijos pequeños o los tienen cuando están ya en Canarias (conclusión 4ª)».
Por comunidades, los mayores incrementos absolutos de población extranjera corresponden a Cataluña (más de 125.000), Madrid (más de 124.000), Comunidad Valenciana (106.122) y Andalucía (83.960). Canarias, con 31.268 incorporaciones foráneas, ocupa el octavo lugar. Si atendemos a los valores relativos, las comunidades con mayor porcentaje de extranjeros son Baleares (20,8%), Comunidad Valenciana (16,7%), Madrid (15,9%), Murcia (15,7%) y Cataluña (14,9%). Canarias, que ha pasado de tener el 12,4% de población extranjera en 2007 al 13,6%, ocupa la séptima posición.
En el conjunto de España las comunidades de procedencia comunitaria más numerosas son la rumana (728.967), la británica (350.000) y la alemana (180.650). Entre los no comunitarios, los más numerosos son los marroquíes (más de 644.688), seguidos por los ecuatorianos (420.110) y los colombianos (280.715).
Estas cifras del Padrón de 2008 tienen un reflejo coincidente en las últimas estadísticas sobre la creación de nuevos hogares en el país. Como señala un informe de Caixa Catalunya, en 1996 las familias presididas por una persona no nacida en España apenas alcanzaban las 300.000 unidades. Diez años después, la cifra había crecido hasta los casi 1,8 millones, con un aumento anual acumulativo cercano al 20% y un crecimiento para el total de la década del 430%. Y aunque una parte de esos nuevos hogares corresponde a familias de jubilados que han venido a establecerse a España, la gran mayoría corresponde al «colectivo que ha entrado en el país a la búsqueda de trabajo»[5]. En general – abunda el Informe –, es en aquellas comunidades con mayor atracción inmigratoria vinculada al mercado de trabajo (comunidades del Mediterráneo, Canarias, Madrid y La Rioja) donde se registran mayores tasas de crecimiento del número de hogares y en las que la inmigración hace una aportación mayor al crecimiento total; así, los inmigrantes han creado el 52% de todos los nuevos hogares de la Comunidad Valenciana entre 1996 y 2006, porcentaje que en Canarias es del 42,3%.
3. Inmigración joven y población local envejecida
En febrero de 2006 el grupo de trabajo sobre el Envejecimiento de la Población, creado a instancias de la Comisión Europea – EPC Working Group on Ageing Population (AWG) – dio a conocer una prospectiva sobre la población de la Europa comunitaria en el horizonte de 205[6]. De acuerdo con ese Informe, la población de la UE a 25 en edad de trabajar (15-64 años) va a reducirse en 48 millones de personas en los próximos 45 años (de 307 a 259 millones), mientras que la población mayor de 65 años crecerá en 58 millones (de 75 a 133 millones). Con estas cifras, la tasa de dependencia nominal (número de personas jubiladas respecto a las que están en edad de trabajar) alcanzará en 2050 el 51% frente al 24,5% actual; es decir, habrá apenas dos personas en edad activa por cada jubilado, en lugar de las cuatro actuales. Con una tasa de empleo estimada del 70% de la población en edad activa, la tasa de dependencia real (jubilados en relación a las personas que efectivamente trabajan) será del 73,5%; es decir, 1,4 personas empleadas y cotizando por cada pensionista, en lugar de las 2,6 actuales. Con los actuales volúmenes de inmigración, para poder mantener constante la población activa la UE-25 necesitará 48 millones de inmigrantes más hasta 2050; para mantener constante la tasa nominal de dependencia, 106 millones de inmigrantes más; y para mantener la misma tasa real de dependencia, 183 millones. En términos porcentuales, el 11%, el 24% y el 40%, respectivamente, de los 454 millones de habitantes que tendrá la UE-25 en 2050.
Por lo que se refiere a España, en 2050 el descenso estimado de su población en edad de trabajar será de 6,2 millones de personas, mientras que el número de mayores de 65 años crecerá hasta los 7,9 millones. La tasa nominal de dependencia caería de 4,1 personas en edad de trabajar por cada jubilado a 1,5, y la tasa real de dependencia, de 2,5 empleados por jubilado a 1,1. Serían, pues, necesarios 6,2 millones de inmigrantes para mantener constante la población en edad laboral, 14,1 millones para mantener constante la tasa nominal de dependencia, y 15,6 para hacer lo mismo con la tasa real. En términos porcentuales, el 14,4%, el 32,8% y el 36,3%, respectivamente, de la población estimada para 2050. Las cifras, sobra decirlo, son enormemente relevantes. Abandonemos, empero, el territorio de la prospectiva y regresemos al escenario actual.
A comienzos de julio de 2008, el INE dio a conocer los datos del año anterior relativos al movimiento natural de la población, es decir, número de matrimonios, nacimientos y defunciones. Las estadísticas registraban una tímida recuperación de la natalidad: el llamado indicador coyuntural de fecundidad, que mide el número medio de hijos por mujer en edad fértil, alcanzó en 2007 el 1,39, frente al 1,38 registrado el año anterior, la cifra más elevada desde el año 1990. Los nacimientos en 2007 fueron 491.183, 8.226 más que el año anterior, logrando que la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada 1.000 habitantes) creciera del 10,92 de 2006 al 10,95 de 2007; aún así, las cifras de natalidad están lejos de las de hace veinte años: en 1976, por citar un ejemplo, el número de nacimientos fue de casi 680.000. La contribución de las mujeres extranjeras al repunte de la natalidad en 2007 ha sido también significativa: se registraron 92.992 nacidos de madre no española, el 18,9% del total de nacimientos frente al 16,46% de 2006 y al 15,07% del año 2005.
En el contexto de la eurozona, las series históricas de Eurostat, recogidas también en la página del INE, muestran importantes modificaciones en la evolución de la natalidad en España. Después de ocupar el segundo lugar en 1976, detrás de Irlanda, con casi tres hijos por mujer (2,8), el índice inició una caída sostenida hasta llevarnos a ocupar en 2001 el último lugar de la UE a 15 con 1,24 hijos. A partir de esa fecha se inicia una tímida recuperación año a año: 1,26 en 2002; 1,31 en 2003; 1,33 en 2004; 1,35 en 2005; hasta llegar al 1,38 de 2006, último dato disponible.
Si consideramos la evolución reciente de ese mismo parámetro en el caso de Canarias, las estadísticas indican que el índice de fecundidad cayó en el archipiélago del 3,73 al 1,24 entre 1970 y 2003. En paralelo con esta reducción en la natalidad, se ha venido produciendo un incremento en nuestro índice de envejecimiento: de acuerdo con los datos del Instituto Canario de Estadística[7], en el quinquenio 2001-2005 la población de más de 65 años en Canarias experimentó un ligerísimo crecimiento, pasando del 11,95% al 12,09%. En 2006 se alcanzó el 12,35% y el Padrón de 2007 colocó ese índice en 12,45%. Por fortuna, «el tránsito hacia esa sociedad envejecida se ha detenido en las Islas Canarias por la inmigración», señalaba el Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias en su Diagnóstico.
Resulta obvio decir que una población envejecida mal puede afrontar con éxito el mantenimiento del sistema de prestaciones públicas del que disfrutamos actualmente. Para sopesar la importancia de la contribución de la inmigración al bienestar de todos, resulta muy ilustrativo tratar de imaginar cómo hubiera evolucionado la oferta de trabajo española en los últimos años de no haberse producido la llegada masiva de trabajadores inmigrantes. De acuerdo con las estimaciones de Oliver[8], la acusada reducción de la natalidad en los años setenta y ochenta se tradujo en una importante disminución de los entrantes al mercado laboral a partir de los años 90. Así, mientras en 1993 las incorporaciones potenciales al mercado de trabajo rondaron las 640.000 personas, diez años más tarde las cifras cayeron hasta las 410.000 aproximadamente. De suerte que, en el periodo 1993-2005 Oliver estima que dejaron de entrar en el mercado del orden de dos millones de efectivos. Si esta tendencia a la mengua se mantiene en los próximos años, resultará que «no habrán entrado en el mercado de trabajo español entre 1993 y 2020, simplemente porque no han nacido, unos 4,6 millones de personas (los dos millones del periodo 1993-2005 y los 2,6 millones que no entrarán entre 2006 y 2020)»[9].
Coincidiendo con esta merma en las entradas como consecuencia de la caída de la natalidad en años anteriores, las salidas del mercado laboral se mantuvieron prácticamente constantes entre 1985 y 2005 con una media anual de 400.000 efectivos, circunstancia gracias a la cual el saldo resultante (diferencia entre entradas a los 16 años y salidas a los 65) ha seguido siendo positivo. Sin embargo, de 2008 en adelante podría producirse un cambio de signo y las salidas superarían a las incorporaciones con un saldo negativo cercano a las 45.000 personas en promedio para el periodo 2006-2020[10]. Así pues, a partir de 1993 comenzaron ya a hacerse perceptibles los efectos de lo que Oliver[11] califica de bomba demográfica[12], lanzada en los años setenta y cuyas consecuencias más evidentes se han dejado sentir desde 2004, afortunadamente atenuadas por los aflujos de población inmigrante.
4. Inmigración, desempleo y crecimiento. Correlaciones reales e ilusorias
En el debate sobre la inmigración con frecuencia los prejuicios y las falsas informaciones se instalan fácilmente en el imaginario colectivo, adquiriendo la consistencia de las verdades incontrovertibles. Sami Naïr[13] y Javier de Lucas[14] han llamado la atención sobre algunas de estas falsas ideas que correlacionan ilusoriamente la inmigración con el incremento del desempleo, de los gastos sociales y de la inseguridad ciudadana, o con la quiebra de la identidad cultural de España.
Centrémonos en el desmontaje de las amenazas de orden económico. En 1995 los trabajadores inmigrantes en nuestro país apenas representaban el 2% del total; en 2004 este porcentaje se había incrementado hasta el 10,9%. Aún así, y contra la especie difundida por refractarios a la inmigración, el paro entre los nacionales «desciende en picado en todo el periodo»[15]; una tendencia que se ha mantenido al menos hasta mediados de 2007: en julio de ese año la tasa de paro descendió hasta el 7,95%, su nivel más bajo desde 1978.
En el periodo que va de 1995 a 2004 la ocupación aumentó en 5,4 millones (desde los 12,4 millones de 1995 a los 17,8 millones de 2004), un incremento porcentual del 43,5%. De esos casi cinco millones y medio de empleos, 3,7 millones fueron ocupados por nativos y 1,7 millones correspondieron a inmigrantes, esto es, algo más del 30% del total[16]. Pero, si acotamos el escenario de la observación a los años 2001-2005, periodo en el que según la Encuesta de Población Activa se generaron 2,63 millones de empleos, se advierte que el 50% de esos nuevos empleos (1,32 millones) han sido ocupados por población inmigrante. ¿Significa esto que la mano de obra nativa ha padecido las consecuencias de la competencia desleal de los inmigrantes? De inmediato veremos que no.
Si observamos los datos del crecimiento del empleo entre 1995-2004 en su distribución territorial, veremos que Baleares, Canarias, Levante y Madrid acaparan el 61,5% del total de los nuevos puestos de trabajo generados por la economía española y con una importante contribución de la mano de obra inmigrante: en Baleares los inmigrantes han ocupado el 41,7% de los nuevos empleos; en La Rioja, el 41,5%; en Murcia, el 40,3%; en la Comunidad Valenciana, el 40,0%; en Madrid, el 39,5%; en Aragón, el 34,2%; en Cataluña, el 32,1%; y en Canarias, el 30,8%[17]. La sorpresa surge cuando, complementariamente, se atiende al ranking de crecimiento de la ocupación entre los nacidos en España: en las posiciones de mayor crecimiento se sitúan de nuevo Canarias (la que más, con un 45,3%), Baleares (41,5%), Madrid (38,0%), Murcia (35,7%) y Comunidad Valenciana (31,6%); comunidades entre las que se intercalan Andalucía (41,7%) y Cantabria (36,3%)[18]. La conclusión es clara: el crecimiento de la ocupación entre los nativos y entre los inmigrantes no son factores excluyentes. Contra lo que cabría pronosticar, pues, son aquellas comunidades «que han presentado avances más intensos en el total de puestos de trabajo las que, en general, presentan mayores aportaciones de la inmigración al total»[19]. Aún así, no son pocas las ocasiones en las que políticos y medios de comunicación de las Islas han vinculado expresamente las llamativas imágenes de los inmigrantes irregulares llegados a las costas con los índices de paro, a pesar de que la opinión general de los especialistas es que «las llegadas en pateras y cayucos no tienen importancia significativa en el mercado laboral canario»[20].
Que el crecimiento del número de inmigrantes provocará un incremento inevitable del gasto público para atender a las necesidades sociales, educativas y sanitarias de esa nueva población es otra de las correlaciones ilusorias instaladas en la opinión pública. Su desmontaje requiere acudir a las fuentes oficiales al objeto de cuadrar el balance entre lo que los inmigrantes aportan a la riqueza nacional y los gastos que ocasionan al erario. El Informe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de 2006[21] nos ayuda a trazar las líneas maestras de este balance.
De acuerdo con ese Informe, la población inmigrante ha tenido una influencia directa y creciente en el producto interior bruto español. Con su aporte poblacional, los inmigrantes ha aumentado su contribución al PIB desde el 7% (0,3 sobre 4,1 puntos) entre 1996 y 2000 a casi el 40% (1,2 sobre 3,1 puntos) de 2000 a 2005[22]. Pero, los efectos de la inmigración no se circunscriben al PIB, también alcanzan de manera tangible tanto a la tasa de actividad de la población nativa como al índice de desempleo. La llegada de un número importante de inmigrantes para ocuparse del servicio doméstico ha contribuido a incrementar la tasa de actividad – porcentaje de un colectivo que pertenece a la población activa pues trabaja o está buscando empleo – de los cónyuges nativos, mujeres principalmente[23]. Las estimaciones de Sebastián[24] señalan que cada punto de aumento en la proporción de inmigrantes incrementa en 0,6 puntos la tasa de actividad femenina. De manera que podemos atribuir al aporte inmigratorio el 30% de los 12,5 puntos de aumento de la tasa de actividad femenina entre 1996 y 2005.
Las cuentas públicas españolas resultan también claramente beneficiadas por las contribuciones de la población inmigrante. Los inmigrantes aportan en este capítulo 23.402 millones de euros, mientras que reciben 18.618 millones de euros, apenas el 5,4% del total de gastos de las Administraciones Públicas. Son, por tanto, contribuyentes netos por valor de 4.784 millones de euros, prácticamente el 50% del superávit registrado en el conjunto de la Administración en 2005. La explicación de este saldo positivo radica en que los inmigrantes contribuyen por la vía de las cotizaciones con aproximadamente 8.000 millones de euros, en tanto que sólo reciben 400 millones en concepto de pensiones[25]. Considérese complementariamente que la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan al país son adultos y el coste de su educación ha sido costeado en su totalidad por sus países de origen. Son, por ello, un beneficio neto para los españoles y una pérdida para su país de nacimiento[26]. Bien es verdad que, como advierte Miguel Sebastián, la aportación de los inmigrantes a las cuentas públicas continuará creciendo entre 2005 y 2012, pero a partir de esa fecha comenzará a mermar, pues irá aumentando el número de inmigrantes jubilados a los que habrá que abonar una pensión. Añádase a ello que en los momentos actuales, con una ralentización evidente de nuestra economía, los inmigrantes que vayan a engrosar las estadísticas del paro se beneficiarán – como no podía ser de otra forma – de una prestación por desempleo que saldrá de los fondos públicos.
Al hilo de este último comentario, convendría eludir una visión de la inmigración únicamente desde la perspectiva de sus efectos benéficos para la economía nacional. Un planteamiento meramente utilitarista de la inmigración como fuente de rejuvenecimiento de nuestra población o contingente de trabajadores para ocupar empleos que los nacionales rechazamos – propio de la doctrina alemana del gastarbeiter o trabajador invitado – significa una reducción inadmisible de la condición humana a mera mano de obra y puede justificar una política de repatriación forzosa cuando aquí ya no les necesitemos o, como ocurre en estos momentos, cuando la coyuntura económica haga subir el desempleo[27].
5. Inmigración irregular y economía sumergida
Un ángulo especialmente preocupante del impacto de la inmigración en el sistema productivo es la correlación que vincula economía sumergida e inmigración irregular. Se trata, digámoslo de partida, de un círculo vicioso que continuamente se realimenta, tal como lo percibe Godenau[28]. En una economía como la española, que ha venido disfrutando de una clara fase expansiva en los últimos años, la demanda de trabajo ha crecido por encima de las posibilidades de la oferta nativa. Justamente, es esa demanda de trabajo insatisfecha la que ha venido actuando como polo de atracción para la inmigración exterior. Ocurre, sin embargo, que las políticas inmigratorias de la Unión Europea y de España se distinguen por su carácter restrictivo y por el propósito declarado de intentar controlar o, al menos, regular los movimientos migratorios. La coincidencia de una demanda de fuerza de trabajo insatisfecha con las severas limitaciones a la entrada legal de inmigrantes, crean, incluso sin pretenderlo, las condiciones para que proliferen los intentos de entrada irregular en el país. El auténtico efecto llamada es, entonces, el que se produce como consecuencia de la existencia de determinados nichos de empleo que los nacionales no pueden o no quieren cubrir y que las cortapisas legales impiden que se ocupen por inmigrantes regulares.
La oferta de trabajos informales – cada vez más rechazados por la población local – incentiva el flujo de irregulares que, precisamente por su condición de tales, se ven forzados a aceptar ocupaciones en unas penosas condiciones, cerrándose así un círculo de iniquidad en el que «la amplitud de la economía sumergida es tanto causa como efecto de la inmigración irregular»[29]. La disolución del tándem perverso economía sumergida-inmigración irregular es una tarea que debe ser acometida sin dilación no sólo para que los inmigrantes que trabajan en nuestro país de manera irregular puedan desasirse de una situación injusta, sino porque una inmigración bien integrada laboralmente es una garantía de estabilidad social ante un posible escenario de prolongada recesión económica, que nunca se debe descartar.
En este terreno, el caso canario es emblemático: el intenso crecimiento económico de las Islas en el último decenio ha descansado en el sector de los servicios y en la construcción, dos actividades que requieren mano de obra abundante y de escasa cualificación, y de las que ha huido la población local que busca mejores destinos laborales. Por otra parte, el peso de la economía sumergida en el Archipiélago ha sido siempre muy importante, hasta el extremo de representar – de acuerdo con un estudio reciente del sindicato UGT[30] – el 25% de nuestra actividad productiva, varios puntos por encima de la ya de por sí elevada media nacional. Por ese motivo, un retroceso en el crecimiento económico o su simple desaceleración pueden tener un impacto directo e inmediato en los inmigrantes irregulares que viven a la intemperie en nuestro mercado laboral. Su salida de la opacidad laboral es, pues, necesaria para poder construir las redes de apoyo social que ayudarían a evitar que una eventual coyuntura desfavorable empuje a ese colectivo hacia la marginación, habida cuenta de que «en un periodo de retraimiento económico […] la oferta de trabajo inmigrante sólo podrá expandirse hacia abajo, es decir, hacia la economía sumergida y hacia una mayor precarización; lo cual hará aumentar más los riesgos de exclusión social»[31].
A estos efectos, resultan especialmente esclarecedoras las conclusiones del estudio dirigido por el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Subirats i Humet[32] sobre los riesgos de exclusión social en las distintas comunidades autónomas del país. El análisis calibra la intensidad y la extensión de los riesgos y evalúa la eficacia de las políticas puestas en práctica para combatirlos. Los elevados niveles de pobreza económica, las dificultades financieras de los hogares y la alta dependencia de la protección social (pensiones no contributivas y asistenciales, ayudas de las corporaciones locales y prestaciones por desempleo) configuran uno de los escenarios en los que Canarias presenta índices próximos a la exclusión social[33]. Semejante situación detecta el estudio en la esfera laboral: con un elevado porcentaje de la población activa en situación de desempleo (13,1% en el momento de la realización del estudio) Canarias se sitúa entre los territorios con peores datos en este capítulo. Los elevados índices de relaciones laborales sin contrato, la inseguridad laboral, los bajos salarios y una tasa de temporalidad contractual por encima del 40% colocan al Archipiélago entre las cinco comunidades con mayores riesgos de exclusión social por la precariedad de sus condiciones laborales[34]; unos riesgos que se multiplican en el caso de los inmigrantes en situación administrativa irregular, sin alta laboral y «en situaciones de gran vulnerabilidad social»[35].
6. Conclusión.
El informe de Oliver[36] que hemos venido glosando en distintos momentos ofrece una minuciosa proyección de la situación del mercado de trabajo español en el año 2020 y de los aportes de población inmigrante que se harán necesarios para atender a sus requerimientos. La simulación de Oliver define un abanico de escenarios posibles dependiendo del comportamiento futuro de diferentes variables: las distintas hipótesis de evolución de la demanda de mano de obra y de crecimiento de la productividad, las modificaciones potenciales de la oferta de trabajo (en función, por ejemplo, del ritmo de incorporación de la mujer al mercado laboral), la mayor o menor predisposición de los trabajadores a la movilidad geográfica (lo que permitiría transferir los excedentes de oferta de unas comunidades autónomas excedentarias a otras con déficit de trabajadores), y la existencia o no de transferencias entre niveles de estudio (merced a las cuales una parte de la obra menos cualificada y excedente pudiera reciclarse en su formación para cubrir la demanda existente de trabajadores más cualificados).
Con independencia de los valores concretos que adquieran los distintos factores considerados y de los efectos de la fase de recesión económica en la que acabamos de entrar, las simulaciones realizadas por Oliver sugieren que «en los próximos quince años España va a contemplar una entrada de inmigración adicional comprendida entre los 4 y los 7 millones de personas activas […], a razón de una media anual entre 270.000 y los 470.000 nuevos inmigrantes activos y con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años»[37]. De acuerdo con esta proyección, en 2020 los inmigrantes en edad de trabajar representarán entre el 25% y el 40% del total, con un valor probable en torno a un tercio de toda la población activa, confirmando una tendencia al alza que ha elevado sus registros desde el 2% de 1995 a más del 13% en 2005[38]. La cifra es, sin duda, enormemente importante, pero, con todo, no representa el total de inmigrantes que habrán de llegar: de acuerdo con los datos de la EPA, por cada activo residen en España 0,7 personas más (niños y mayores, principalmente); siendo así, el número total de inmigrantes que llegarán oscilará entre los siete millones y pico y los casi doce, con un valor intermedio próximo a los 9,5 millones.
La experiencia de los países con más larga tradición inmigratoria indica que unas tasas de inmigración tan elevadas como las que estamos considerando pueden ser un foco potencial de problemas, en función del grado de éxito o fracaso que cosechen las políticas de integración. Es una completa ingenuidad creer que una sociedad puede absorber cualquier volumen de inmigrantes sin que las costuras que garantizan su cohesión social se resientan; por eso, Oliver[39] no cree que sea una buena opción solucionar las demandas del mercado laboral apelando exclusivamente a la entrada masiva de inmigrantes, pues el precio de esa política puede acabar siendo la desarticulación de la convivencia y, a la postre, una sociedad más conflictiva e injusta para todos. Para mantener la inmigración en valores no ya económica sino socialmente sostenibles habrá que movilizar todos los recursos nacionales disponibles: elevar la tasa de actividad favoreciendo la incorporación de la mujer al mercado laboral, estimular la movilidad geográfica de la oferta de trabajo y su reciclaje formativo, incrementar la productividad del trabajo (favoreciendo una economía más basada en el conocimiento y que requiera menos trabajo por unidad de producto) y recuperar la tasa de natalidad.
Todas estas medidas, con ser necesarias, no nos permitirán eludir el proceso de mestizaje ineludible hacia el que se encamina nuestra sociedad. Especular con políticas de inmigración puramente restrictivas no pasa de ser una fabulación para desinformados. Pensar en restringir las entradas de inmigrantes «no es siquiera planteable [porque] el mercado de trabajo precisa, de forma ineludible, amplios contingentes de población inmigrada»[40]; lo que sí podemos pensar y diseñar son las políticas y los programas necesarios para integrar esa enorme masa de inmigrantes, evitando el peligro de los guetos y la marginación.
Aún planteado en términos reductivamente economicistas, el dilema que estamos obligados a responder tiene una formulación absolutamente nítida: aceptar un país (y un continente) con una mano de obra crecientemente envejecida, con el 25% de sus efectivos con edades por encima de los 65 años en 2035[41] o un país fruto del mestizaje de la inmigración y los nacidos en España.
